· España se convierte en el primer país que pide públicamente a la Unión Europea que abandone el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) por la amenaza que supone para las políticas climáticas. · El anuncio se ha efectuado en la recta final del proceso de modernización del Tratado, que culmina el viernes 24 de junio en Bruselas. · La lucha de la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión y las principales organizaciones ambientales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) ha sido clave a la hora de visibilizar los peligros del Tratado y apostar por la salida. · La sociedad civil celebra este paso necesario para el abandono de los combustibles fósiles y espera acciones inmediatas en la semana decisiva para el futuro de este Tratado.
Ecologistas en Acción: Teresa Ribera pide la salida de la UE del Tratado de la Carta de la Energía
Esta
petición se ha producido a tan solo tres días de que los países
signatarios se reúnan en una Conferencia extraordinaria en Bruselas. Un
encuentro que pretende ser el broche final del proceso de modernización
del Tratado, iniciado hace más de cuatro años con el supuesto objetivo
de alinearlo con el Acuerdo de París.
Este viernes 24 de junio,
la Secretaría del TCE y otros países signatarios buscan alcanzar un
“acuerdo modernizado”. Pero el anuncio de Teresa Ribera podría truncar
estos planes e influenciar
a otros países de la UE como Francia, Alemania, Polonia o Grecia a que
sigan sus pasos, inclinando la balanza definitivamente a favor de la
salida.
La Ministra ha expresado
claramente que “después de 14 rondas de negociaciones sin avances
sustanciales, está claro que el proceso de modernización no garantizará
la alineación del TCE con el Acuerdo de París y los objetivos del Pacto
Verde Europeo" y que "en un momento en el que acelerar una transición
energética limpia es más urgente que nunca, es hora de que la UE y sus
Estados miembro inicien una retirada coordinada del TCE".
Esta es una demanda que las organizaciones de la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión junto con las principales organizaciones ecologistas
—Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF— llevan más de dos años pidiendo. Apuntan que, en el mejor de los casos,
las inversiones existentes en combustibles fósiles seguirán protegidas
hasta 2030 e incluso hasta 2040, en el caso de algunas infraestructuras
gasistas.
“Esta propuesta es absolutamente inaceptable porque
compromete el futuro del clima a nivel global”, ha calificado Clàudia
Custodio, portavoz de Ecologistas en Acción. “Como por fin ha reconocido
la Ministra, la salida es el único camino y esperamos que este viernes
la Comisión sea consecuente y actúe a favor de la ciudadanía y no de los
intereses fósiles”, ha añadido. La Comisión, que dirige las
conversaciones sobre el acuerdo, tendrá que dejar clara la posición de
Europa antes del fin de semana.
Por otro lado, el mismo día de la declaración de la Ministra, cinco jóvenes
víctimas de desastres climáticos de distintas partes del mundo han
demandado a 12 países europeos ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH). Aluden que el TCE obstaculiza la acción climática y
compromete su futuro. Los países en cuestión son Austria, Bélgica,
Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos,
Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Hasta la fecha, existen 145 demandas
conocidas contra los países miembro del TCE, muchas de ellas a raíz de
medidas que los gobiernos han impulsado para favorecer la transición
energética. Concretamente, solo cinco compañías energéticas (Rockhopper,
Ascent Resources, RWE, Uniper, y Prairie Mining) están reclamando 4.000 millones de euros a cuatro países (Italia, Eslovenia, Países Bajos y Rumanía) por sus medidas de descarbonización.
Por su parte, España es el país más demandado
debido a los recortes a los subsidios de energías renovables entre 2009
y 2011, y acumula 53 demandas y una cantidad reclamada de más de 10.000
millones de euros. Ecologistas en Acción advierte que, en un momento en
el que el despliegue de las renovables está causando graves impactos
ambientales y sociales por su falta de planificación, “legislar para que
se realice de forma adecuada, planificada y zonificada será muy
complicado bajo el TCE”.
Marta García Pallarés, portavoz de
Ecologistas en Acción y miembro de la campaña contra el Tratado de la
Carta de la Energía, ha apuntado: "Hasta ahora ningún país se había
atrevido a dar un paso en esta dirección. Celebramos el anuncio de la
Ministra ya que puede ser el inicio del fin de un tratado obsoleto que
se ha vuelto un lastre para las políticas climáticas, el bienestar de la
ciudadanía y las arcas públicas”.