Una decena de agentes medioambientales del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos participan en una campaña de inspección en diversas parcelas con presuntos riegos ilegales. Además, en otras dos operaciones paralelas, se han localizado diversos contadores que habrían sido presuntamente manipulados. Las sanciones por estos hechos podrían alcanzar entre 50.000 y 500.000 euros al estar tipificadas como graves. Una vez más, desde el Organismo de cuenca se quiere concienciar a los usuarios del agua y hacer un llamamiento a la responsabilidad. Actuaciones como las que aquí se denuncian redundan en el perjuicio de todos.
Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., lleva a cabo una redada para la detección de cultivos con riegos ilegales




La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
O.A. (CHJ), de conformidad con el artículo
94 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, tiene como una de sus funciones la inspección y control tanto del dominio público hidráulico como de las
explotaciones de todos los aprovechamientos
de aguas públicas, cualquiera que sea su titularidad y el régimen
jurídico al que están
acogidos.
De este modo, los agentes
medioambientales que conforman
el Servicio de Policía de Aguas tienen el carácter de autoridad pública y por ello pueden:
a)
Entrar libremente, en cualquier
momento y sin previo aviso, en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en los mismos con respeto en todo caso a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán
comunicar su presencia
a la persona inspeccionada o su representante, a menos que consideren que
dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
b)
Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que
las disposiciones legales se observan correctamente.
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o, en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante.
El operativo ha consistido en comprobar aquellas
superficies que estarían en regadío sin contar con un título concesional para
ello. Para ello, se han ido abriendo
las trapas, configurando las válvulas y poniendo en marcha los diversos pozos situados en las
explotaciones agrarias. Desde la CHJ se recuerda
que, en las zonas de inspección, no es posible tramitar nuevas concesiones que no estén recogidas en las previsiones del Plan Hidrológico de la Demarcación.
Durante la redada, en la que también han participado el Comisario de Aguas y el
Comisario Adjunto, se han descubierto 60 hectáreas de pistacho en Mahora (Albacete), 40 hectáreas de almendro y
viñedo en La Gineta (Albacete) y 120 hectáreas de viñedo en El Peral (Cuenca), que estarían regándose de forma
ilegal. En total, las extracciones de agua pueden suponer daños al
dominio público hidráulico que superarían 80.000 €. Las
sanciones, en su caso, podrían alcanzar
los 500.000 €. Además, se han descubierto sendas plantaciones de cítricos sin concesión en los términos de
Algar de Palancia, Soneja y Alfara de la Baronía (Castellón), que supondrían unos daños al dominio público
hidráulico que rondarían los 20.000 €.
En todos los casos, los titulares de las fincas
han colaborado con el personal
de policía de aguas, por lo que no ha resultado necesaria la
intervención de la Guardia Civil, con la que se estaba en contacto permanente.
Contadores manipulados
Por otra parte, en un operativo paralelo, se han
detectado diversos contadores que
presuntamente habrían sido manipulados, pudiendo por ello sus titulares ser autores de un delito contra el medio
ambiente y los recursos naturales. En su caso, las sanciones
serán tipificadas como graves con multas entre 50.000 y 500.000 €, y, además, podrán conllevar
la tramitación de las extinciones de los derechos al uso del agua para estos
aprovechamientos. Las zonas de actuación
de este operativo específico se han centrado en los municipios de Villanueva de la Jara (Cuenca) e Iniesta (Cuenca).
La Ley de Aguas dispone que los titulares de las concesiones administrativas de aguas, tanto subterráneas como superficiales, y todos aquellos que por cualquier título tengan derecho al uso privativo de las aguas, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados.
Los caudalímetros facilitan información sobre los
caudales de agua utilizados, para
garantizar el respeto a los derechos existentes, medir el volumen de agua realmente
consumido o utilizado, permitiendo la correcta planificación y administración de los recursos
y el aseguramiento de la calidad de las aguas.
Desde la CHJ se quiere concienciar a los usuarios
del agua y hacer un llamamiento a la responsabilidad en su correcto uso,
destacando que este tipo de comportamientos fraudulentos redundan en el perjuicio de todos y, fundamentalmente, comprometen la sostenibilidad y el
mantenimiento de las masas de aguas subterráneas y superficiales, así
como de los ecosistemas asociados a las mismas.
La Confederación Hidrográfica del Júcar y la Ley de Aguas
La CHJ recuerda
que el objetivo de la actuación por parte de los organismos de cuenca es doble: por una parte, deben garantizarse las
demandas hídricas y, por otra parte, debe
conseguirse el cumplimiento de los
objetivos medioambientales fijados por la Directiva Marco del Agua.
Operativos de inspección y control como los
descritos, con las actuaciones subsiguientes que resulten pertinentes, permiten
alcanzar los dos objetivos; en primer lugar, porque otorgan seguridad a los riegos
legalizados evitando así situaciones de sobreexplotación descontrolada de los
acuíferos; y, en segundo lugar, porque evitando la sobreexplotación se
cumplirán los compromisos adquiridos por el Reino de España con la Comisión
Europea.