Rechazar a una persona sorda por usar la lengua de signos pasa a considerarse, según la ley, un motivo de discriminación

Acercar Disminuir el zoom Imprimir

Así lo dispone la Ley Integral para la Igualdad de trato y la no discriminación a efectos de prevenir y erradicar cualquier situación de desventaja Las medidas previstas en esta nueva norma alcanzan a todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.

La CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) ha celebrado que la Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación (ley 15/2022 de 12 de julio) reivindique los derechos lingüísticos de las personas sordas: “Se trata de una medida ejemplar que viene a ampliar el marco de protección para nuestro colectivo”, ha manifestado su presidente, Roberto Suárez.

A efectos de prevenir y erradicar cualquier situación de desventaja la nueva norma, además de la discapacidad, contempla la lengua como causa directa de discriminación.  

Con ello, se obliga a garantizar el acceso a información y asesoramiento de las personas con discapacidad a través de formatos accesibles y comprensibles, y se reprueba el rechazo de adaptaciones o modificaciones que promuevan la participación y disfrute de todas las personas sin excepciones.

“Se trata tanto de poder acceder en lengua de signos, o con los recursos que cada persona sorda necesita, a la información ya la comunicación ya la vida en comunidad, como de que las personas sordas que nos comunicamos en lengua de signos no seamos discriminadas por ello”, ha destacado Suárez.

Otro aspecto importante de esta ley integral es su ámbito de aplicación. Y es que, al tratarse de una ley transversal, alcanza a todas las esferas de la vida política, económica, cultural y social.

De este modo, cualquier política pública sobre empleo, afiliación y participación, educación, sanidad, prestaciones y servicios sociales, acceso a bienes y servicios a disposición del público, vivienda, y medios de comunicación y publicidad, deberá contemplar también a las personas sordas.

“La igualdad de trato y la no discriminación no admite exclusiones”, ha apuntado el presidente de la CNSE.

“No es cuestión de privilegios o de mayorías, como tampoco depende de tu discapacidad, de tu capacidad para oír o para hablar, o de la lengua en la que te comunicas, sino que es un derecho inherente a todas las personas”.

Por último, Suárez se ha mostrado confiado en que la ley 15/2022 contribuye ya a fortalecer un marco jurídico que refuerza la promoción de las lenguas de signos como garantía del ejercicio de los derechos de las personas sordas.

El uso de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana es determinante para asegurar nuestra participación en cualquier ámbito”, ha recordado, “y como tal, no permitiremos que se queden al margen”.

La CNSE es una organización sin ánimo de lucro que atiende los intereses de las personas sordas y con discapacidad auditiva y de sus familias en España. Desde su creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía de las personas sordas; así como del desarrollo de programas de atención y prestación de servicios a través de sus federaciones.

Hoy la CNSE está integrada por 18 federaciones de personas sordas, que a su vez mantienen afiliadas a más de 120 asociaciones provinciales y locales de todo el Estado. No obstante, la CNSE atiende cualquier necesidad relacionada con el colectivo de personas sordas, estén o no afiliadas a su movimiento asociativo.