Prohibición de la práctica tradicional de la quema de residuos agrícolas

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Prohibir la quema de restos de poda conllevará la compra de tractores de mayor potencia para poder utilizar las trituradoras de ramas, con la consiguiente mayor contaminación por las emisiones y por lo que supone su fabricación. Pretender que el agricultor, ya con baja rentabilidad, deba destinar una inversión de este calibre supone una losa más. La quema de restos de poda y su finalidad fitosanitaria se pierde y por tanto conlleva el desarrollo de enfermedades de la madera y plagas como el barrenillo.

Tras un verano en el que España ha sido devorada por las llamas como consecuencia de la

prohibición de las prácticas tradicionales que la gente del campo realizaba en los montes, ahora

exige la Ley desde el Gobierno extender los problemas.

Ha prohibido el Gobierno quemar los restos vegetales, como por ejemplo los ramones de la poda

de la oliva, de frutales, o de los sarmientos de la vid. Esta práctica no se realiza por capricho, tiene

una finalidad fitosanitaria: evitar la extensión de plagas y enfermedades de la que esos restos de

podas o rastrojos son reservorio.

Cuando se quema materia vegetal, los gases producidos son vueltos a capturar por las plantas,

resultando una emisión neutra, lo emitido por lo retenido. Ahora, con la prohibición de la quema,

los agricultores se verán obligados a la utilización de trituradoras y picadoras propulsadas por

motores térmicos, los de los tractores. Estos motores utilizan combustibles fósiles, carbono que

desapareció de la atmósfera hace millones de años y que ahora, al deber triturar los restos, se verá

liberado de nuevo por el enorme gasto en combustible que produce la labor de picado.

Según declaraciones de la Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, si el fin

último de esta prohibición es cuidar el medio ambiente, evitando la contaminación, las autoridades

europeas y españolas están totalmente equivocadas. O quizá no, pueden ser plenamente

conscientes de este hecho, pero por motivos que se nos escapan prefieren aumentar la

contaminación.

Es más, comentan desde el sindicato agrario, mientras se prohíbe la quema de residuos vegetales

a los agricultores, se fomenta la creación de plantas de cogeneración mediante biomasa con lo

cual resulta que lo que contamina en el campo, parece no hacerlo en una fábrica.

Coincide todo esto con que una energía difícil de manejar que produce residuos para decenas de

miles de años y que cuando ha sufrido un accidente ha provocado enormes desastres, energía que

no es otra que la nuclear, de pronto, por conveniencia se la cataloga como energía verde. No se

puede entender que se prohíba quemar los restos de las podas, por ser supuestamente muy

contaminantes, cuando se sabe que el ciclo resultante es cero y, al mismo tiempo, se catalogue

como verde la energía nuclear, que sí que deja residuos de carácter permanente.

La prohibición obligará a los agricultores a realizar importantes gastos comprando máquinas

trituradoras que, en muchos casos, ni siquiera podrán utilizar porque son aparatos que demandan

mucha potencia y, en ciertos cultivos, los tractores utilizados no la alcanzan. Así, de nuevo, el

agricultor se ve obligado a realizar otro gasto adquiriendo tractores de mayor potencia. Tractores

que a su vez consumen mucho más combustible fósil que los habituales en ese tipo de cultivo,

liberando de nuevo carbono fósil a la atmósfera.

Plagas o enfermedades, como el barrenillo en la oliva, la yesca en el viñedo y tantas otras en otros

tantos cultivos, verán favorecida su expansión con la trituración de restos sustitutiva de las

quemas.

Resumiendo, una narrativa injustificable desde el punto de vista técnico a la que se añaden

comentarios, como los del señor ministro de Agricultura, que argumentan que los agricultores

utilicen el dinero de la PAC para enterrar esos restos vegetales. Esto querrá decir que el señor

Planas gusta más de la retroexcavadoras para enterrar, que de las picadoras para triturar.

Por estos motivos se oponen desde La Unión de Castilla-La Mancha a esta norma, injustificada

desde el punto de vista ambiental y que, del mismo modo que la prohibición de las prácticas

tradicionales en el monte provoca grandes incendios, ésta de ahora generará plagas y

enfermedades.