La consejera de Desarrollo Sostenible ha realizado balance de la última campaña de extinción de incendios forestales, en una sesión que ha rechazado una PNL de Vox para determinar con pruebas médicas la edad de los menores migrantes bajo tutela de la Junta.

 El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha sacado adelante este jueves cinco resoluciones a debates generales sobre violencia de género, hemodiálisis en la provincia de Albacete y financiación autonómica, en una jornada en la que también se ha rechazado una propuesta de Vox para establecer pruebas a adolescentes inmigrantes bajo tutela de la Junta para determinar su edad. Además, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha comparecido a petición propia para hacer balance de la última campaña de extinción de incendios forestales.

El primero de los asuntos tratados en esta sesión presidida por Pablo Bellido ha consistido en la ratificación del convenio entre la Junta de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Illes Balears para establecer un marco general de colaboración en materia de control autonómico, firmado hace diez días en Palma de Mallorca. La votación ha contado con los 27 apoyos de PSOE y PP y las 4 abstenciones de Vox.

Tras este breve punto, se han desarrollado tres debates generales, de los que ha resultado en la ronda de votaciones la aprobación de cinco resoluciones, tres del PSOE y dos del PP. Así, en la semana del ‘Día Internacional para Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’, el 25N, el Pleno ha debatido a propuesta del Grupo Socialista sobre “las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género en las administraciones públicas de Castilla-La Mancha donde PP y Vox gobiernan”, que se ha saldado con la aprobación de las resoluciones del PSOE y del PP y que ha contado con una intervención de cierre por parte de la consejera de Igualdad, Sara Simón.

La primera de ellas, respaldada por los 17 votos socialistas y con 13 votos en contra de la oposición, reclama que el Gobierno regional traslade a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha que no se adopten en los ayuntamientos medidas “que dejen a las víctimas de violencia de género en una situación de desprotección”; que, conforme al Pacto de Estado, las administraciones locales “aseguren el acceso de las víctimas de violencia de género a los recursos locales de apoyo”; y que se produzca un trabajo conjunto con otras instituciones.

Mientras, la resolución del Grupo Popular ha salido adelante con los 26 votos favorables de los grupos Socialista y Popular, que precisamente en el día de ayer habían sumado también en la Comisión de Igualdad su voto a favor de una resolución socialista cuyo texto ha constituido la práctica totalidad del contenido de la resolución hoy al debate general presentada por el Grupo Popular. Además de un rechazo firme a toda forma de violencia contra las mujeres y de pedir unidad parlamentaria y garantía de recursos y servicios para las víctimas, reclama más esfuerzos en atención y servicios, en sensibilización y educación y en políticas públicas que tengan en cuenta una perspectiva de género transversal, así como renovar el Pacto de Estado “asegurando un presupuesto adecuado”.

Financiación autonómica

Mientras, en el debate general de “defensa de la unidad, igualdad y solidaridad en Castilla-La Mancha” que se ha desarrollado a iniciativa de los grupos Socialista y Popular y que ha contado con una breve intervención desde el escaño del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha aprobado una resolución del PSOE con el apoyo del grupo mayoritario y el voto en contra de la oposición. La Cámara insiste en reclamar al Estado un nuevo modelo de financiación autonómica con criterios que tengan en cuenta “el coste efectivo de los servicios que son competencia de las comunidades”, así como que el PP de Castilla-La Mancha apoye en el Congreso la senda de déficit del Gobierno de España, ya que “supone la disponibilidad de 230 millones de euros para nuestra región”.

Así, la resolución incluye nueve puntos para que el Gobierno de España ponga en marcha un nuevo diseño de financiación autonómica que respete del derecho de igualdad entre españoles y “que se negocie con carácter multilateral y en el seno del Consejo de Política Fiscal y financiera”. En este marco, la propuesta socialista considera que la nueva financiación debe incorporar un acuerdo de armonización fiscal y atender a la infrafinanciación a la que ha conducido el modelo actual, entre otras cosas con un fondo transitorio “que permita compensar temporalmente a las comunidades que están claramente infrafinanciadas”. 

Centro de Diálisis en Hellín

Sobre el primero de los debates generales, relacionado con la incorporación de los servicios de hemodiálisis en Hellín para pacientes de enfermedades renales crónicas de las comarcas de Sierra del Segura, Sierra de Alcaraz y Campos de Hellín en la provincia de Albacete, han salido adelante las resoluciones de los dos grupos que habían propuesto este asunto en Pleno, PSOE y PP, con respaldo de un grupo a la resolución del otro.

El texto de la resolución socialista -que ha contado con el apoyo del PP, pero no de Vox- recuerda que estos pacientes tienen que realizar “desplazamientos recurrentes” y “más penosos por la situación de problemas de salud” para recibir esta atención sanitaria, por lo que pide que se lleve a cabo un estudio técnico de idoneidad para la implantación en la Gerencia de Atención Integrada de Hellín de un centro de diálisis extrahospitalaria “que reduzca la distancia de los desplazamientos de las personas con patología con necesidad de esta práctica clínica”.

Un requerimiento que incluye en palabras similares la resolución del Grupo Popular, respaldada por unanimidad, que pide valorar con “criterios técnicos, sociales y económicos de mejora y optimización del servicio”, con la creación de un centro para unos 30 pacientes de zonas próximas que se evitarían “casi medio millón de kilómetros anuales” de desplazamientos hasta la capital de la provincia.

En la ronda de votaciones ha quedado rechazada la proposición no de ley (PNL) de Vox para “la realización de pruebas periciales exhaustivas a inmigrantes ilegales bajo tutela de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para determinar su edad y evitar el fraude”, entendiendo por tal que los mayores de edad dejen de estar bajo esta tutela. La propuesta solo ha contado con los 4 votos del grupo proponente y ha merecido el rechazo de los 27 escaños de PSOE y PP.

Control al Gobierno

Ya en el bloque de control al Gobierno, tras la ronda de votaciones, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha comparecido a petición propia para informar sobre la campaña de prevención y extinción de incendios forestales de 2024 en la región, un balance que había quedado pendiente tras suspenderse el pleno de finales del mes pasado a causa de la DANA.

Por último, la oposición ha formulado tres preguntas orales, que ha respondido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, sobre plazas públicas residenciales para mayores subvencionadas por el Gobierno regional a los ayuntamientos y sobre el instituto de Secundaria de Chinchilla y alrededores, en el caso del PP, y relativa a medidas previstas para prevenir los daños derivados de la DANA, en el caso de Vox.