El 25 de abril se cumplen veinte años del vertido de Aznalcóllar, una de las catástrofes ambientales más graves ocurridas en España. Para enfatizar la importancia de esta efeméride, las personas coordinadoras de las principales organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han ofrecido una rueda de prensa en Sevilla en la que denuncian que en la actualidad estamos generando riesgos similares a los que ocasionaron esta catástrofe.
Las principales organizaciones ecologistas alertan de los riesgos de nuevas catástrofes mineras en Andalucía




La
rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden en la minas
de Aznalcóllar liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros
cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con
un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. Envenenó
la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y
llegó al espacio natural de Doñana. Por ello, las ONG ambientales
han recordado cómo aquella catástrofe pudo evitarse si las autoridades
andaluzas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hubieran
tomado las medidas necesarias de prevención y cautela, ante
las repetidas denuncias ecologistas que se produjeron desde 1995.
Mina Los Frailes, una reapertura sin garantías
Las
directoras y los directores de las organizaciones ecologistas han
manifestado su rechazo frontal a la pretensión –amparada por la Junta de
Andalucía– de reabrir precisamente la mina de Los Frailes,
en Aznalcóllar. La administración regional ha otorgado la concesión
minera a una empresa, Minera Los Frailes, que ni siquiera participó en
el concurso minero. Además, esta concesión se ha otorgado sin realizar
la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización
Ambiental Unificada, como marca la ley.
La
reapertura se propone mediante minería subterránea y necesita que la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorice previamente el
vaciado de la corta minera a cielo abierto, abandonada desde 2001. Aquí
se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas (el doble del
volumen que se derramó en el accidente de hace dos décadas), que se
verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor
Ecológico del Guadiamar. Es decir, se podría volver a contaminar el
mismo cauce en el que se ha invertido una gran cantidad de dinero
público para su restauración.
Por estos motivos, las organizaciones ecologistas van a solicitar de forma inmediata la revisión de oficio de esta concesión.
Riotinto, que la historia no se repita
También
han advertido de una catástrofe ambiental en ciernes, de consecuencias
incluso peores: el posible colapso de las balsas de lodos de la Mina
de Riotinto. La Junta de Andalucía está permitiendo la actividad minera
de la empresa Atalaya Riotinto Minera, a pesar de que esta compañía
incumple de manera continuada desde hace más de tres años las
condiciones de procesado de los lodos, contribuyendo aceleradamente
al deterioro y la inseguridad de las presas que los retienen.
Efectivamente, Atalaya
Riotinto está vertiendo los lodos a las balsas con un contenido líquido
del 70% mientras que las autorizaciones ambientales y mineras obligan a
espesarlos por debajo del 50%. Esto acelera la posibilidad de que los
muros de las presas se fracturen. Además, la empresa ni siquiera ha
construido la planta de espesado de lodos prevista en las
autorizaciones.
Los
vertidos se producen cerca de los muros de cerramiento de las balsas.
La acumulación de líquido, unido a las fuertes lluvias recientes,
produce a su vez efectos de subsidencia que podrían dañar la base de
estos muros. A esto se une el hecho de que dichos muros han sido
recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la
maltrecha balsa de Aznalcóllar, lo que incrementaría el riesgo de
rotura.
La
Junta de Andalucía conoce estas circunstancias, de hecho, en abril de
2016, la autoridad minera de Huelva acordó la paralización de la
actividad de vertido de lodos, por incumplimiento de las condiciones de
espesado. Sin embargo, en apenas tres semanas la Dirección General de
Minas levantó esa paralización, permitiendo el vertido de lodos sin que
se cumplan las condiciones impuestas por ese mismo departamento en la
autorización de reinicio de la actividad minera.
En
el vigésimo aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar las
organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF alertan de un importante resurgir del extractivismo
minero en nuestro país así como de la relajación de los controles
administrativos y legales, y reclaman una aplicación estricta de las
leyes que evite que catástrofes como esta vuelvan a repetirse. En este
sentido, las organizaciones ecologistas reclaman el desarrollo de una
nueva ley marco que proteja el subsuelo del Estado.