El 25 de abril se cumplen veinte años del vertido de Aznalcóllar, una de las catástrofes ambientales más graves ocurridas en España. Para enfatizar la importancia de esta efeméride, las personas coordinadoras de las principales organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han ofrecido una rueda de prensa en Sevilla en la que denuncian que en la actualidad estamos generando riesgos similares a los que ocasionaron esta catástrofe.

La rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden en la minas de Aznalcóllar liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. Envenenó la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegó al espacio natural de Doñana. Por ello, las ONG ambientales han recordado cómo aquella catástrofe pudo evitarse si las autoridades andaluzas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hubieran tomado las medidas necesarias de prevención y cautela, ante las repetidas denuncias ecologistas que se produjeron desde 1995.

Mina Los Frailes, una reapertura sin garantías

Las directoras y los directores de las organizaciones ecologistas han manifestado su rechazo frontal a la pretensión –amparada por la Junta de Andalucía– de reabrir precisamente la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar. La administración regional ha otorgado la concesión minera a una empresa, Minera Los Frailes, que ni siquiera participó en el concurso minero. Además, esta concesión se ha otorgado sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Unificada, como marca la ley.

La reapertura se propone mediante minería subterránea y necesita que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorice previamente el vaciado de la corta minera a cielo abierto, abandonada desde 2001. Aquí se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas (el doble del volumen que se derramó en el accidente de hace dos décadas), que se verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar. Es decir, se podría volver a contaminar el mismo cauce en el que se ha invertido una gran cantidad de dinero público para su restauración.

Por estos motivos, las organizaciones ecologistas van a solicitar de forma inmediata la revisión de oficio de esta concesión.

Riotinto, que la historia no se repita

También han advertido de una catástrofe ambiental en ciernes, de consecuencias incluso peores: el posible colapso de las balsas de lodos de la Mina de Riotinto. La Junta de Andalucía está permitiendo la actividad minera de la empresa Atalaya Riotinto Minera, a pesar de que esta compañía incumple de manera continuada desde hace más de tres años las condiciones de procesado de los lodos, contribuyendo aceleradamente al deterioro y la inseguridad de las presas que los retienen.

Efectivamente, Atalaya Riotinto está vertiendo los lodos a las balsas con un contenido líquido del 70% mientras que las autorizaciones ambientales y mineras obligan a espesarlos por debajo del 50%. Esto acelera la posibilidad de que los muros de las presas se fracturen. Además, la empresa ni siquiera ha construido la planta de espesado de lodos prevista en las autorizaciones.

Los vertidos se producen cerca de los muros de cerramiento de las balsas. La acumulación de líquido, unido a las fuertes lluvias recientes, produce a su vez efectos de subsidencia que podrían dañar la base de estos muros. A esto se une el hecho de que dichos muros han sido recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la maltrecha balsa de Aznalcóllar, lo que incrementaría el riesgo de rotura.

La Junta de Andalucía conoce estas circunstancias, de hecho, en abril de 2016, la autoridad minera de Huelva acordó la paralización de la actividad de vertido de lodos, por incumplimiento de las condiciones de espesado. Sin embargo, en apenas tres semanas la Dirección General de Minas levantó esa paralización, permitiendo el vertido de lodos sin que se cumplan las condiciones impuestas por ese mismo departamento en la autorización de reinicio de la actividad minera. 

En el vigésimo aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF alertan de un importante resurgir del extractivismo minero en nuestro país así como de la relajación de los controles administrativos y legales, y reclaman una aplicación estricta de las leyes que evite que catástrofes como esta vuelvan a repetirse. En este sentido, las organizaciones ecologistas reclaman el desarrollo de una nueva ley marco que proteja el subsuelo del Estado.