El Consejo de Ministros ha aprobado por fin la subida del 0,5 por ciento pendiente del año pasado. Han hecho falta decenas de manifestaciones en toda España desde principios de año y hasta la presentación de una queja formal en el Ministerio de Presidencia el pasado mes de mayo, que por fin hoy ha tenido sus frutos se hace efectiva.

CSIF ha tenido constancia de que el personal habilitado de los ministerios ha recibido orden para realizar ya el abono de estos atrasos que esperemos se abonen en la nómina de julio en el conjunto de las administraciones públicas.

Por otra parte, reclamamos que se convoque sin más demora la mesa de negociación para otros temas pendientes como un nuevo acuerdo salarial (las/os empleados públicos siguen sin conocer la subida correspondiente a este año) o la oferta de empleo público, sin tasa de reposición.

Según cálculos de CSIF a partir de las retribuciones medias, la congelación salarial retiene ya 1.800 millones de euros a los trabajadores del conjunto de las administraciones.

Como consecuencia de la evolución de los precios (el último IPC correspondiente al mes de junio arrojó una subida del 2,2 por ciento) los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8 por ciento desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20 por ciento desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010. En el caso de Castilla-La Mancha hay que recordar la aplicación de la tasa Cospedal y la inflación más alta de España durante muchos meses en 2022 y 2023.

Para CSIF, más allá del anuncio del abono del 0,5 pendiente, es necesario iniciar la negociación para un nuevo acuerdo de legislatura donde se contemplen entre otros:

-Iniciar la negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar la subida de este año y recuperar poder adquisitivo.

-Culminar la negociación de nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.

-Implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

-Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. Igual trabajo, igual salario.

-Recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 así como las pagas extra.

-Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas.

       -La adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones.