La Guardia Civil en La Rioja ha intervenido un total de 430 kilos de caracoles y caracolas silvestres que iban a ser transportados hasta la provincia de Albacete para su venta ilegal. El cargamento carecía de cualquier tipo de control sanitario, lo que suponía un grave riesgo para la salud pública.

La intervención se enmarca en los controles que realiza el Instituto Armado para prevenir la comercialización irregular de productos alimentarios, especialmente aquellos que proceden de la recolección en entornos naturales y que no cumplen los requisitos legales para su consumo.

Durante uno de los dispositivos de seguridad establecidos, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Aldeanueva de Ebro procedieron a la interceptación de una furgoneta sospechosa en el término municipal de Rincón de Soto.

Tras identificar al conductor, los agentes le preguntaron por la carga que transportaba. El hombre indicó que se trataba de caracoles, lo que despertó las sospechas de los agentes, ya que el vehículo no estaba habilitado como frigorífico ni disponía de ningún sistema de refrigeración visible, condiciones necesarias para el transporte seguro de este tipo de mercancía.

En el interior de la furgoneta se localizaron 16 cajas, cada una con dos mallas de caracolas, que arrojaron un peso total aproximado de 160 kilos. La carga carecía de trazabilidad, al no contar con etiquetado identificativo ni documentación que acreditara su procedencia.

Durante la inspección, el conductor admitió que la mercancía procedía del mercado ilícito y que los caracoles y caracolas eran recolectados en campos de alcachofas de la zona, donde los adquiría a diario para almacenarlos en una nave equipada con cámara frigorífica. Según explicó, en dicha nave les colocaba etiquetas antes de transportarlos a la provincia de Albacete para su venta.

Tras ello, los agentes procedieron a tramitar la correspondiente propuesta de sanción por infracción grave a la Ley de Ordenación de los Transportes, debido a la carencia, falta de diligenciado o ausencia de datos esenciales en la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria, lo que conlleva una multa que puede oscilar entre 401 y 600 euros.

Seguidamente, los hechos fueron puestos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que se desplazó hasta la nave junto a veterinarios del Gobierno de La Rioja. En la inspección, encontraron en una cámara frigorífica otros 270 kilos de caracoles y caracolas almacenados, que también carecían de trazabilidad sanitaria, procediendo a la inmovilización y decomiso de un total de 400 kilos de caracolas y 30 kilos de caracoles, con el fin de evitar su salida al mercado y prevenir posibles riesgos graves para la salud pública.

Tras la intervención, los agentes del SEPRONA interpusieron una denuncia administrativa, al amparo de la Ley 17/2011, de 5 de julio, sobre seguridad alimentaria y nutrición, por la compra de caracoles en el mercado ilegal destinados al consumo humano, sin que se pudiera acreditar su origen ni garantizar la trazabilidad del producto, así como otra denuncia adicional por vulnerar la normativa vigente en materia de sanidad alimentaria, etiquetado y transporte de mercancías perecederas. Las sanciones, en los casos en que no exista riesgo para la salud publica pueden alcanzar los 5000 euros.

Asimismo, otra denuncia al amparo de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad que prohíbe en su artículo 54 dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, incluyendo su retención, captura en vivo y recolección, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos sin autorización, pudiendo constituir infracción grave sancionada con más de 3001 euros.

La Guardia Civil recuerda que la comercialización de alimentos sin garantías higiénico-sanitarias supone un grave peligro para la salud de los consumidores, especialmente cuando se trata de productos recolectados en entornos no controlados. Asimismo, hace un llamamiento a la ciudadanía para que adquiera productos únicamente en establecimientos autorizados y debidamente identificados.