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La ampliación de infraestructuras aeroportuarias y el crecimiento del transporte aéreo son incompatibles con los compromisos climáticos. Las inversiones previstas tendrán importantes impactos negativos sobre la biodiversidad y la salud de las personas, y son inviables en el escenario de crisis energética. Las organizaciones firmantes demandan que las inversiones presupuestadas se inviertan en un modelo de movilidad que priorice aquellos modos de transporte más utilizados por el conjunto de la población y garanticen una movilidad sostenible.
Las organizaciones ecologistas manifiestan su oposición al anuncio de la mayor inversión de la historia en aeropuertos
Amigas
de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF
rechazan el anuncio del presidente del Gobierno de un plan de inversión
histórico de casi 13.000 millones de euros para la modernización y
ampliación de capacidad de la red de aeropuertos gestionados por Aena.
Una decisión que choca frontalmente con los compromisos adquiridos como
país.
Mientras se celebra la Semana Europea de la Movilidad, y
en un contexto en el que España ha asumido el compromiso de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero del transporte un 42 % para
2030 respecto de 2005, el Gobierno español ha anunciado un plan que
sigue reforzando el transporte más contaminante. Este anuncio es
incompatible con la lucha contra la emergencia climática y supone un
retroceso en los esfuerzos para reducir las emisiones del sector del
transporte, el más emisor de la economía española, con una contribución
32,6 % al total de las emisiones de gases de efecto invernadero en
España.
Para las organizaciones, ampliar aeropuertos supone
estimular de forma directa el aumento de vuelos y, por tanto, de
emisiones y de contaminación local, afectando al clima, a la salud de
las personas y a la biodiversidad de los territorios donde se ubican.
Según un estudio
de la ONG europea Transport & Environment, la contaminación
producida por los aviones sería la causa de 52.205 casos de
hipertensión, 64.918 de diabetes y 5.340 de demencia en torno a los
aeropuertos de Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.
“El
anuncio de la mayor inversión aeroportuaria de la historia justo
durante la Semana Europea de la Movilidad lanza, además, un mensaje
claro de incoherencia, en el que el discurso sobre la movilidad
sostenible se queda en un plano simbólico, mientras se sigue apostando
por el crecimiento del transporte más contaminante por pasajero-km
transportado”, han afirmado.
Entre 2013 y 2019, las emisiones del
sector aéreo en España aumentaron un 45 %, muy por encima de otros
países como Francia (18 %), Alemania (16 %) o Reino Unido (19 %). En
2024, el transporte aéreo de España fue el segundo con más emisiones de
toda la Unión Europea (UE): generó 22,6 millones de toneladas de CO₂, lo
que equivale a casi la mitad de todas las emisiones de Suecia en ese
año.
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031,
presentado ayer por Pedro Sánchez, contiene, entre otras, intervenciones
encaminadas a la ampliación de capacidad de 13 aeropuertos de la red de
Aena en España: Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y Madrid (ya
con proyecto de ampliación), por un lado; y Barcelona, Málaga, Melilla,
Valencia, Alicante, Santander, Bilbao, Menorca e Ibiza, por otro, en
fase de diseño funcional.
Las organizaciones han concluido: “Los
proyectos de ampliación de aeropuertos constituyen ejemplos claros de
una política de transporte centrada casi exclusivamente en la
construcción de grandes infraestructuras en favor de los medios más
contaminantes, como el avión. Esta visión de la movilidad promovida por
el Gobierno se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que
necesitamos transitar en el contexto de emergencia climática en el que
nos encontramos: un modelo orientado al fomento de los modos de
transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, y en
el que las inversiones prioricen las necesidades de desplazamiento del
conjunto de la población, incluyendo especialmente a quienes disponen de
menos recursos y no tienen acceso al avión, y no la rentabilidad
económica de unos pocos operadores económicos”.
Un problema social y ambiental contra el interés general
Las
organizaciones firmantes han apuntado tres razones principales por las
que exigen al Gobierno la cancelación del proyecto de ampliación de
aeropuertos:
1. Impactos climáticos y ambientales.
Europa ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) en, al menos, un 55 % de aquí a 2030, respecto a los niveles de
1990. La aviación constituye, con gran diferencia, el medio de
transporte que genera más emisiones de GEI por pasajero transportado.
En 2019, el aeropuerto de Barcelona - El Prat generó 8,4 millones de toneladas de CO₂,
más del doble de todas las emisiones derivadas del consumo de energía
de la ciudad. Por su parte, el aeropuerto de Madrid-Barajas es el cuarto
más emisor de toda la UE. Según diferentes estudios, las ampliaciones
de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat supondrían un aumento de las
emisiones de CO₂ de un 35 % y un 33 %
respectivamente. Algo totalmente incompatible con los compromisos
europeos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como
autonómico.
Por
otro lado, la ampliación de infraestructuras aeroportuarias incide muy
negativamente en los ecosistemas y la fauna del entorno.
2. Impactos sociosanitarios en la población. A
pesar de ser un problema frecuentemente invisibilizado, el transporte
aéreo y la actividad aeroportuaria son una importante fuente de
partículas ultrafinas, hollín y ruido, entre otros. Numerosos estudios
han demostrado cómo la población cercana a los aeropuertos tienen una
mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares,
discapacidad auditiva, alteraciones del sueño o deterioro del
rendimiento cognitivo.
3. Destrucción de la naturaleza y proyectos en contra del interés general.
Estos proyectos responden asimismo a los intereses de los grandes
capitales inmobiliarios y del turismo masivo, que tratan de obtener
réditos a corto plazo en la crisis global actual. Un modelo que está en
el origen del aumento de desigualdades, la expulsión habitacional, la
destrucción del comercio de proximidad de los barrios, la precarización y
explotación laboral, la contaminación del aire y sonora, el aumento
exponencial en las emisiones de CO2 y la pérdida de espacios agrarios y
naturales, como la destrucción de la laguna de la Ricarda que supondría
la vulneración de las directivas europeas y un golpe mortal al Delta
del Llobregat.
Por una movilidad sostenible
Por todo lo anterior, las organizaciones y colectivos firmantes reclaman al Gobierno las siguientes actuaciones:
La
paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras
aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación (tanto ampliación
de pistas, como nuevas terminales y nuevas conexiones ferroviarias entre
aeropuertos) así como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades
aeroportuarias, un modelo que favorece a grandes capitales a costa de
la población y del planeta.
La
eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa
ferroviaria, con el objetivo de evitar la socialización de las pérdidas
de la compañía a cargo del erario público y el cumplimiento de los
objetivos climáticos.
Su
responsabilización en la gestión de las políticas de transporte en aras
al interés general, dejando a un lado los intereses privados de entes
como Aena..
La
redefinición de su actual política de transporte, con el objetivo de
construir un modelo de movilidad justo, sostenible y resiliente que
satisfaga las necesidades del conjunto de la población y respete los
límites del planeta, dedicando las inversiones hacia aquellos modos más
justos social y ambientalmente, que garanticen una movilidad sostenible
al conjunto de la población.