La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha, considera que la intervención del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, en el Debate sobre el Estado de la Región, ha relegado a un segundo plano los problemas que sufren los servicios públicos, así como sus desafíos.

CSIF, que reclama una apuesta real por los servicios públicos y sus profesionales, subraya los recortes que permanecen en Castilla-La Mancha, tanto a nivel de efectivos como en materia salarial y de derechos. Es preciso recordar que durante muchos meses el Gobierno regional bloqueó nuevas incorporaciones en el Sescam por motivos presupuestarios. No se cubrieron la totalidad de las bajas, vacantes, vacaciones o permisos generando graves problemas, con plantillas superadas y dilación en los tiempos de atención asistencial.

Pero esta falta de personal y restricciones en las incorporaciones se sigue produciendo hoy en día en escuelas infantiles, centros educativos o en centros dependientes de Bienestar Social, como las residencias de mayores, y en la Administración General de la Comunidad Autónoma, donde hay puestos que se quedan desiertos en los diferentes concursos y formas de provisión, y que se desdotan presupuestariamente; es decir, ya no se cubren.

Nos encontramos con plantillas insuficientes, trabajadores superados porque no pueden hacer frente a toda la carga laboral y, por consiguiente, en un peor servicio a la ciudadanía.

En este sentido, y sobre las ofertas de empleo público anunciadas en el Debate del Estado de la Región, CSIF advierte que el 33,5% de los empleados públicos en la región son temporales: más de 17.500 en la sanidad, más de 11.600 en las administraciones locales o más de 9.500 docentes interinos. Así, la Central Sindical ya avanza que las futuras ofertas serán insuficientes para alcanzar el objetivo del 8%, siendo necesario además incluir una tasa adicional vinculada a la jubilación parcial: una oportunidad para reforzar plantillas y garantizar el relevo generacional.

En cuanto a derechos, en el ámbito educativo sólo cobran el verano los interinos a los que se les adjudique, durante el mes de septiembre y octubre, una plaza para todo el curso; el Plan de Acción Social, instaurado en 1988, continúa eliminado desde la época de Cospedal, y en materia sanitaria queda pendiente la carrera profesional.  

Una vez más, García-Page ha vuelto a señalar que si todavía no se ha recuperado la carrera profesional es porque se ha priorizado el aumento de la plantilla, un argumento que no es válido, ya que el resto de comunidades autónomas ha recobrado este derecho al mismo tiempo que han reforzado sus equipos de ámbito sanitario. El mejor reconocimiento, más allá de las palabras, sería la recuperación de un derecho sobre el que CSIF insiste en la necesidad de implantarlo para sacar al Sescam como el peor servicio de salud en cuanto a condiciones salariales. 

Precisamente en materia retributiva, desde CSIF se subraya que los salarios del conjunto de los empleados públicos continúan congelados a pesar de que el coste de la vida sigue subiendo. De hecho, el 30 de octubre nos concentraremos en toda España para exigir un nuevo acuerdo salarial tras acumular una pérdida superior al 20% desde 2010, pero es que también hay que echarle la culpa al Gobierno de Castilla-La Mancha: en 2019 subió un 0,5% los salarios públicos, pero desde entonces no ha habido ninguna otra subida autonómica, todo ha sido por acuerdos nacionales. García-Page debe convocar una Mesa General de Función Pública en Castilla-La Mancha y acometer una subida a los trabajadores públicos.

Sobre Geacam, que García-Page ha resaltado como ejemplo frente a otras comunidades autónomas, tanto en prevención como en inversión, CSIF expone que la empresa pública regional arrastra una enorme precariedad con malas condiciones laborales y una enorme temporalidad: de los 2.205 trabajadores de la empresa pública regional, sólo 1.500 llevan a cabo su labor durante todo el año dentro de una plantilla insuficiente, lo que no sólo afecta a la prevención sino a la campaña de extinción de incendios, que apenas es de 96 días cuando debería ser de seis meses al año teniendo en cuenta que en mayo y en octubre también se producen incendios. Desde CSIF se subraya la necesidad de crear una agencia pública con presupuestos fijos y garantizados y acabar con un modelo organizativo de incorporaciones escalonadas que va en contra de toda lógica operativa. Precisamente hoy se ha producido una concentración de bomberos forestales en Toledo para exigir profundos cambios organizativos por el bien de nuestro entorno rural y natural. El ejemplo del Pico del Lobo en Guadalajara, con 3.000 hectáreas quemadas, o el de Almorox en Toledo, con 500 hectáreas quemadas, deben servir de advertencia.

CSIF también lamenta que no haya habido referencias a la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que vio la luz en julio y que está suponiendo la privatización de los servicios públicos de la región a través de las entidades colaboradoras.

Por otra parte, CSIF aplaude, de llevarse a cabo, las medidas de planificación en materia de vivienda del Gobierno regional, como el préstamo a tipo cero para facilitar el acceso a la vivienda o el uso de suelo público para edificaciones asequibles, así como el Plan Integral contra el Cáncer y el aumento y mejora en pruebas diagnósticas o el desarrollo de las ayudas a la dependencia, la teleasistencia, la Atención Temprana y la estrategia para combatir la pobreza, entre otros puntos; temas muy importantes que inciden directamente en el desarrollo y bienestar de toda la sociedad castellano-manchega.