Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Manchade Castilla-La Mancha, como organización agraria representativa, ha participado el jueves 4 de diciembre en la reunión convocada por la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo junto a responsables de la Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la Delegada de Agricultura de Toledo, así como representantes de UPA y UGT, con el fin de abordar cuestiones relevantes para el sector agrario. Tras el encuentro, la organización ha expuesto las principales necesidades y preocupaciones de los agricultores y ganaderos de la región.

Más medios contra los robos: una prioridad inaplazable

Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha valora el anuncio de refuerzo de vigilancia rural con helicóptero y patrullas a caballo, pero insiste en que estos recursos deben mantenerse de manera estable y dedicarse específicamente a la prevención de robos, un problema que sigue provocando importantes pérdidas económicas y quebraderos de cabeza a miles de explotaciones agrarias.

Inspecciones laborales: una imagen injusta y desproporcionada

Unión de Castilla-La Mancha expresa su rechazo a que las inspecciones laborales se realicen de manera sistemática acompañadas por agentes de la Guardia Civil. La organización considera que esta práctica proyecta la imagen de que los agricultores son delincuentes, algo absolutamente injusto y que no se produce en ningún otro sector productivo.

Las inspecciones de trabajo —recuerdan— son procedimientos administrativos que en cualquier empresa, industria o despacho profesional se llevan a cabo sin presencia policial. Por ello, la organización reclama que estos recursos se dediquen donde realmente son necesarios: a la seguridad en el campo.

Contratación de inmigrantes: un sistema inviable que bloquea la mano de obra necesaria

Unión de Castilla-La Mancha ha reiterado la necesidad urgente de reformar el sistema de contratación de inmigrantes. Pese a las aparentes flexibilizaciones, la normativa actual hace prácticamente imposible contratar legalmente a personas en situación irregular, al exigir dos años de permanencia en España, un contrato de un año y trámites que deben iniciarse con hasta nueve meses de antelación. Esto resulta incompatible con campañas agrarias que requieren mano de obra durante apenas unas semanas.

La organización defiende la creación de un permiso especial o autorización parcial de trabajo que permita a estas personas incorporarse legalmente desde el primer día, bajo criterios claros y verificables.  “No tiene sentido conceder empadronamiento y tarjeta sanitaria desde el minuto uno y, al mismo tiempo, impedir trabajar a personas que vienen precisamente a ganarse el pan”, señala la organización.

Además, Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha remarca que “resulta llamativo que el Gobierno afirme querer perseguir la contratación ilegal de inmigrantes, algo con lo que estamos plenamente de acuerdo, pero al mismo tiempo no facilite la contratación legal de quienes vienen dignamente a trabajar”.

Representatividad agraria: la incoherencia continúa

Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha asistido a la reunión junto a representantes de UPA, pero lamenta la ausencia de otras organizaciones que afirman ser representativas a pesar de no participar en estos espacios. La organización recuerda que su presencia ha sido posible gracias a su representatividad nacional, contrastando con la exclusión que continúa ejerciendo la Junta de Comunidades a través de una normativa diseñada ad hoc para impedir su participación en el diálogo agrario regional, tal y como denunció en anteriores comunicados:   “Si a nivel estatal somos representativos y se nos convoca, resulta incoherente que en Castilla-La Mancha se pretenda negar esa condición”, señala la organización, que insiste en que el sector necesita pluralidad real y no vetos políticos.