Señala que esta iniciativa “atenta frontalmente contra la libertad de elección educativa de las familias” y supone “un nuevo intento de imponer una visión ideológica única”.

 La diputada regional del Partido Popular, Lola Merino, ha defendido la libertad de las familias y la protección de la caza y la tauromaquia frente a la intención del Ministerio de Juventud e Infancia de prohibir la participación y asistencia de menores de 18 años a actividades cinegéticas y espectáculos taurinos.

Así lo ha expresado Merino durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, donde ha mostrado su “profunda preocupación” ante la propuesta del Gobierno de España de reformar la normativa de protección a la infancia para impedir la presencia de menores en este tipo de actividades, una medida que, ha señalado, se ampara en una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, pero que “no responde a ningún estudio científico que avale supuestos daños físicos o psicológicos”.

En este sentido, ha recordado que, tal y como ha manifestado la Fundación del Toro de Lidia, no existe ninguna exigencia vinculante por parte de la ONU hacia España, sino una recomendación basada en opiniones sin base científica y procedentes de países sin tradición taurina.

La parlamentaria autonómica ha defendido que esta iniciativa “atenta frontalmente contra la libertad de elección educativa de las familias” y supone “un nuevo intento de imponer una visión ideológica única”, invadiendo competencias que corresponden tanto a los padres como a las comunidades autónomas.

Igualmente, ha recordado que la tauromaquia está protegida por la Ley 18/2013 como Patrimonio Cultural y que en Castilla-La Mancha fue declarada Bien de Interés Cultural en 2011, lo que obliga a las administraciones a su protección y fomento. “Estamos hablando de una manifestación cultural e histórica profundamente arraigada en nuestra tierra, ligada a nuestras fiestas, a nuestra identidad y al mantenimiento de ecosistemas como la dehesa”, ha afirmado la diputada ‘popular’.

DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA CAZA

En cuanto a la caza, Merino ha defendido su importancia económica, social y medioambiental en la región. Según ha indicado, en 2025 esta actividad generó más de 1.141 millones de euros y contribuyó al mantenimiento de 21.000 puestos de trabajo, sosteniendo sectores como la hostelería, el comercio y el turismo, además de desempeñar una función clave en el equilibrio medioambiental.

La diputada del PP ha recordado que la actividad cinegética es legal y está regulada, con edades mínimas establecidas en el Reglamento de Armas y siempre bajo supervisión de adultos, y ha insistido en que “no se puede legislar contra la realidad del mundo rural desde el desconocimiento y el prejuicio”.

En este contexto, ha pedido al Gobierno de Page que no se limite a “acatar” las decisiones del Ejecutivo central y que defienda con firmeza los intereses de Castilla-La Mancha. “Su obligación es anteponer la defensa de nuestra realidad cultural, económica y social”, ha señalado, al tiempo que ha reclamado que se inicie el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural determinadas modalidades cinegéticas en la región, como ya han hecho otras comunidades autónomas.

Merino ha advertido de que esta prohibición abriría además un conflicto competencial con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia de espectáculos públicos y caza, y ha alertado del riesgo de imponer “un único criterio moral desde el poder político”.

Por último, ha criticado que el Gobierno central haya aprobado un plan extraordinario de ayudas agrarias para Andalucía y Extremadura dejando fuera a agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha afectados por las borrascas, exigiendo al Ejecutivo autonómico que reclame un trato justo para el campo castellanomanchego.