La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y Plena inclusión Castilla-La Mancha han formalizado este martes un convenio de colaboración para la promoción de la accesibilidad cognitiva, la formación y la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

El documento ha sido suscrito por el Delegado del Gobierno en la comunidad, José Pablo Sabrido, y el director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado.

La iniciativa parte de la necesidad de avanzar en la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, así como en la mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa de sus dependencias, procedimientos y materiales.

Además parte de la premisa de una especial necesidad de atención y acompañamiento adecuado a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que sean víctimas, testigos o aquellas que participen en procedimientos administrativos o judiciales, tal y como recoge la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.

Coordinación para garantizar derechos

El delegado del Gobierno ha agradecido a todas las organizaciones que se dedican a luchar por la inclusión de las personas con discapacidad, destacando que “realizan una labor fundamental”. En este sentido, ha puesto en valor que, de no ser por el asociacionismo, el avance para la consecución de la igualdad real iría a otro ritmo.

Sabrido además ha querido destacar que este acuerdo pone en evidencia  el compromiso del gobierno con la inclusión de las personas con discapacidad y que, por ende, “nadie puede quedar atrás en el ejercicio de los derechos, todos somos iguales y vamos todos avanzando de la mano”.

Por último, el delegado del Gobierno ha elogiado la labor de integración de las personas con discapacidad, que cumplen con sus deberes y cuyos derechos hay que garantizar tras el trabajo conjunto entre todas las administraciones y asociaciones.

Por parte de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado ha valorado este acuerdo como un "paso adelante" fundamental en la coordinación dentro de Castilla-La Mancha, agradeciendo el compromiso de la Delegación y de las plantillas de Policía y Guardia Civil.

"Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos cuando estos han sido vulnerados o cuando la persona ha podido ser responsable de una presunta falta o delito", ha explicado Collado.

Por ello, el protocolo establece un marco de actuación coordinada para desarrollar medidas destinadas a garantizar la accesibilidad cognitiva en depedencias, procedimientos y documentos de uso público y administrativo; la formación y sensibilización del personal de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región; la atención adecuada a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la coordinación institucional para promover una seguridad ciudadana inclusiva.

Ámbitos de colaboración

El protocolo, que tendrá una vigencia de cuatro años, se centra, principalmente, en los siguientes ejes operativos dentro del territorio castellanomanchego:

• Atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo : Mejora de la accesibilidad cognitiva en dependencias policiales y oficinas de atención ciudadana de la región.
• Adaptación de documentos: Adaptación a lectura fácil de materiales y comunicaciones institucionales a través del servicio "Entorno Fácil" de Plena inclusión Castilla-La Mancha e incorporación de señalización accesibles en las depedencias de atención al público.
• Formación especializada: Programas formativos para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en CLM sobre trato adecuado y comunicación.
• Apoyo profesional: Facilitar el acompañamiento de profesionales especializados durante declaraciones o actuaciones policiales y administrativas.

Seguimiento y Evaluación

Para velar por el cumplimiento de estos objetivos en Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria que se reunirá al menos una vez al año para planificar y evaluar las actuaciones derivadas del protocolo.

Este acuerdo se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el Estatuto de la Víctima del Delito y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.