El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado que la autorización dada al gabinete jurídico de la Junta de Comunidades para emprender acciones administrativas y, en su caso, judiciales, supone cumplir con el compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, “en defensa de los intereses de esta región y de sus ciudadanos”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama al Estado los 135 millones que le adeuda
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado al gabinete
jurídico de la Junta de Comunidades a adoptar las medidas
administrativas y, en su caso, las acciones judiciales que proceda para
reclamar al Estado los 135 millones de euros que adeuda
a la región en la liquidación de los recursos del sistema de
financiación autonómica de 2017 y que son consecuencia de la
modificación del reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
En
una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, el consejero de
Hacienda y Administraciones Públicas, Juan
Alfonso Ruiz Molina, ha informado a los medios de comunicación de este
acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, que
supone cumplir con el compromiso adquirido por el presidente regional,
Emiliano García-Page, “en defensa de los intereses
de esta región y de sus ciudadanos”.
Tal
como ha recordado Ruiz Molina, esta problemática tiene su origen en la
implantación en 2017 del Sistema
Inmediato de Información del IVA por parte del anterior ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, que en la práctica ha supuesto que en la
liquidación de los recursos del sistema de financiación de 2017, que se
ha llevado a cabo en 2019, se haya restado la
recaudación de una mensualidad a las comunidades autónomas, lo que para
Castilla-La Mancha se traduce en una disminución de unos 135 millones
de euros.
Ruiz Molina ha explicado que la actuación que plantea el Gobierno regional para reclamar las cantidades adeudadas
tiene “sólidos argumentos jurídicos”.
En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que, en primer lugar, se atenta contra el principio de autonomía financiera,
que se reconoce tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
De
acuerdo con este principio, ha continuado Ruiz Molina, “los recursos
financieros con que cuentan las comunidades
autónomas no pueden estar al albur de las decisiones que se adopten de
forma unilateral por la Administración del Estado ni de la estabilidad o
inestabilidad política que haya en el Estado, como ya señalamos en
relación con las entregas a cuenta”.
En
segundo lugar, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha
mencionado el principio de lealtad
institucional, por el que, de acuerdo con la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), deben estar basadas
las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia
financiera.
El
Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que este principio no se
contempló cuando se acometió la modificación
de la regulación del IVA por el entonces ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, ya que no se contó con las comunidades autónomas, a
las que este cambio afectaba directamente; no se valoró el efecto que
tendría sobre las finanzas de las regiones y tampoco
se establecieron los mecanismos de compensación correspondientes.
Además,
desde el Ejecutivo regional se entiende que esta modificación del IVA
se debería haber discutido en
aquel momento en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
dado que, de acuerdo con la LOFCA, es el órgano de coordinación de la
actividad financiera entre las Comunidades Autónomas y la Hacienda del
Estado.
En
cualquier caso, ha añadido Ruiz Molina al respecto, “este tipo de
acciones por la vía administrativa y,
en su caso, la judicial, entran dentro de la normalidad y en el respeto
absoluto de los intereses de los ciudadanos de esta región, que en
estos momentos cuentan con 135 millones de euros menos que se podrían
destinar a la educación, a la sanidad o a los servicios
sociales".
No
obstante, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha
insistido en que, con independencia de
que se haya dado autorización al gabinete jurídico para emprender este
tipo de acciones, considera que esta cuestión “se va a resolver mediante
el diálogo, que es como se suelen resolver las controversias en materia
financiera entre el Estado y las comunidades
autónomas”.
Finalmente,
Ruiz Molina ha querido valorar el interés y la voluntad de la actual
ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, por resolver este asunto a través del proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2019, aunque se trataba de un
problema que procede del anterior Gobierno central.