Las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus tienen como principal obstáculo el acceso a los ERTEs, cuya aplicación varía a lo largo del territorio y que no es tan ágil como la situación demanda
Los hosteleros trasladan al Ejecutivo la dificultad de aplicación del real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias frente al COVID-19 y reclaman nuevas medidas
HOSTELERÍA DE ESPAÑA, organización
empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs del
país, ha trasladado al Ejecutivo la preocupación
del sector ante las dificultades que
están teniendo los hosteleros a la hora de aplicar el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis
del coronavirus, y ha reclamado la
ampliación de medidas anunciadas para poder salvaguardar la continuidad de
los negocios hosteleros.
En
este sentido, la patronal hostelera mantuvo una reunión con la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, junto con las entidades del sector
Marcas de Restauración, Restauración
Colectiva, AECOC y COMPETUR. Tanto en dicha reunión como en un documento de
propuestas que le han hecho llegar al Ejecutivo, HOSTELERÍA DE ESPAÑA explicó cómo los empresarios hosteleros se
están encontrando con numerosas dudas y obstáculos en relación a la aplicación y tramitación de los ERTEs, contemplados
en el mencionado real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.
“Precisamente
este tipo de medidas tomadas por el Gobierno tienen por objetivo la
flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo y
la mejora de la cobertura, tanto para los trabajadores como para los
empresarios, con el fin último de aminorar el impacto negativo sobre el empleo
y la actividad económica, pero nos hemos encontrado con diversos obstáculos que impiden esa agilidad”, señaló el presidente de HOSTELERÍA DE ESPAÑA, José
Luis Yzuel. “Un ejemplo claro es que el acceso a los ERTEs varía a lo largo
del territorio y que en muchas regiones las delegaciones de Empleo están exigiendo
a los negocios aportar toda la documentación de los trabajadores, lo que alarga
y complica indudablemente los trámites”, apostilló.
Otro de los principales problemas
es la obligatoriedad de comunicación a
los trabajadores por parte del empresario del cese o disminución de la
actividad del negocio. “Se están devolviendo Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo por defecto en la comunicación, cuando el anuncio del presidente del
Gobierno del cierre de los centros de trabajo relacionados con la hostelería
debería ser una notificación válida de por sí”, aseguró el secretario general de HOSTELERÍA DE ESPAÑA, Emilio Gallego. “Necesitamos
que el ERTE solicitado por la empresa, ya sea de reducción de jornada o de
suspensión temporal de la actividad, sea automáticamente autorizado por la
Autoridad Laboral, o al menos, que se conceda una autorización provisional de
manera inmediata. Con esto se conseguiría no dilatar de manera innecesaria el
procedimiento, ya que se considera proveniente de una causa de fuerza mayor”,
apostilló.
La
patronal hostelera señaló otras dudas que se le han presentado al sector en
relación al funcionamiento de los ERTES, como la obligatoriedad por parte de la empresa de mantener los puestos de
trabajo en los seis meses siguientes desde la fecha de reanudación de la
actividad. “Es realmente difícil asegurar el mantenimiento de los mismos
empleos en los seis meses siguientes al ERTE, puesto que los negocios se van a
ver duramente afectados por el parón provocado por la crisis sanitaria”,
señalaron.
Además,
HOSTELERÍA DE ESPAÑA reclamó otros asuntos que el sector viene reivindicando en
las últimas semanas con el fin de garantizar la subsistencia de los negocios
hosteleros. Por un lado, expresó la urgencia por buscar la flexibilización de
la financiación bancaria y la renegociación de pólizas y solicitaron moratorias de las hipotecas y créditos con
los bancos de préstamos. Por otro, reclamó la suspensión total de la cotización de autónomos de hostelería,
incluyendo la del mes de marzo, ante
la falta de ingresos y liquidez que sufren estos empresarios hosteleros desde
que se anunciara el cierre de los establecimientos.
Otra
de las medidas por las que abogó la patronal es la búsqueda de una real flexibilización de la financiación
bancaria, reducción de costes y la renegociación de pólizas “con la
finalidad de que las empresas obtengan liquidez para hacer frente a todas sus
obligaciones”. Así, una de las
medidas por las que aboga la patronal es la búsqueda de líneas de crédito
específicas para las pymes.
Además,
la entidad hostelera recordó otra de las medias que califica de “urgentes”, la
de resolver la suspensión de pago de los
arrendamientos de los locales hosteleros durante el tiempo que éstos se
encuentran inactivos.