La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que el restablecimiento de las comunicaciones entre los internos y las visitas, permitidas desde el 6 de julio, en los seis centros penitenciarios de Castilla-La Mancha sin los protocolos de prevención adecuados ponen en riesgo su salud y la de las plantillas ante posibles rebrotes.
El sindicato CSIF dice que las prisiones reanudan los ‘vis a vis’ sin seguridad suficiente ante los nuevos rebrotes
Desde
CSIF se reclama a Instituciones Penitenciarias que se reduzca el número
de familiares que se comunican con los internos y el número de cabinas
de comunicación, además de que se reanuden las cuarentenas preventivas
en módulos específicos para los nuevos ingresos o para quienes vuelvan a
los centros tras los permisos, una medida que dejó de ser obligatoria
desde el pasado 25 de junio y que es fundamental para reforzar la
seguridad.
En
concreto, no se está garantizando la separación obligatoria en los
locutorios, no se guarda la distancia mínima de seguridad en las salas
de espera de comunicaciones, por lo que se llegan a congregar en
espacios reducidos hasta 100 visitantes. Tampoco se desinfectan paquetes
del exterior ni se han instalado tomas de temperatura en todas las
cárceles, entre otras actuaciones esenciales.
Estas
medidas para la nueva normalidad ante la pandemia son insuficientes,
por lo que el sindicato estudia acciones legales en defensa del derecho a
la protección de la salud de los trabajadores de Prisiones. De momento,
CSIF ya ha presentado un recurso de reposición contra las medidas de
desescalada en las cárceles (apertura de régimen de visitas, locutorios,
permisos…) porque no se ajustan a derecho ni garantizan la seguridad e
higiene en un momento tan complicado.
CSIF
subraya que la desescalada en los centros penitenciarios se ha abordado
de manera precipitada, como si no hubiera sucedido nada en estos meses
de pandemia, y el personal afronta la situación con mucha incertidumbre
ante posibles focos de contagios.
No hay que olvidar que en las cárceles dependientes de Interior hay unos 50.000 reclusos y 25.000 trabajadores cuya salud depende ahora de unas actuaciones preventivas insuficientes.