El Boletín Oficial del Estado ha hecho públicos los contratos tipos de uva y vino para la campaña 2020/2021, con lo cual ahora se le da cobertura legal a los viticultores ante cualquier tipo de posible incumplimiento; algo que ya sucedió el año pasado. Eso sí, en esta ocasión, la nueva normativa ha incluido un apartado donde indica que “el precio aplicable en este contrato para uva que cumpla las especificaciones señaladas será el resultado de aplicar al precio libremente pactado entre las partes, las primas o descuentos que procedan de acuerdo, siendo igual o superior al coste efectivo de producción de la uva, de acuerdo con los criterios o parámetros de calidad que se establezcan”.
AHORA LOS VITICULTORES NECESITAN CONOCER LOS COSTES DE PRODUCCIÓN
Es decir, según UPA es el momento
de que la administración, Ministerio y Consejería ofrezcan a los agricultores
cuáles son realmente esos costes de producción, pues tal y como indica el
responsable de Vino de UPA, Alejandro García-Gasco Alcalde “deberían estar ya, porque
en 15 días empezamos. Parece que algunos se han relajado. No se han hecho los
deberes y los viticultores deberían conocer los costes lo antes posible para
así saber a qué atenerse”.
En este sentido, en fechas
recientes UPA reclamó que el Observatorio de precios de Castilla-La Mancha sea
algo más, que incluya este tipo de cuestiones y se convierta en un Observatorio
de la Cadena, que sirva de complemento a las normativas estatales. En concreto,
en la Orden que publica el Ministerio hoy se indican los contratos tipos de uva
y vino, que existe una mesa de arbitraje ante cualquier incumplimiento, así
como la obligatoriedad de quedar registrados. “Básicamente es una herramienta
para los agricultores, sepan que, ante cualquier tipo de incumplimiento,
disponen de opciones legales”, algo que viene a poner un poco más de orden en
el sector, tal y como indican desde UPA.
La organización agraria reclama
que, a pesar de la buena noticia, en la elaboración de contratos tipos, “ahora
es tarea de darlos a conocer al sector, que es obligatoria la firma del
contrato y su registro”, afirma García-Gasco, “que los agricultores no les
tengan miedo. Es una herramienta para negociar y pactar”, aunque corresponde al
Ministerio y a la Consejería ponerse a trabajar y dar a conocer los costes de producción dentro
del contrato homologado. Acogerse a los costes publicados por un organismo
oficial, pues hay muchos capacitados para ello, “desde UPA pedimos al
Ministerio y a la Consejería que los publique para que los viticultores sepan a
qué atenerse”, lo antes posible pues la campaña ya se ha iniciado en zonas como
Montilla, mientras que en la región apenas restan quince días para su inicio.