Según el diputado nacional del PSOE, Rosa Romero y el PP provincial de Ciudad Real, deberían reconocer la gran apuesta por el personal educativo que ha realizado el Gobierno de Castilla-La Mancha, “y lo segundo que debería hacer el PP es dejar de alarmar y arrimar el hombro”.
Miguel González: “Los gobiernos socialistas trabajamos para que este inicio de curso se haga con seguridad y que ningún alumno pierda su derecho a la Educación”
El diputado
nacional del PSOE, por la provincia de Ciudad Real, Miguel González Caballero, ha
destacado que los gobiernos liderados por el Partido Socialista están
trabajando para que este inicio de curso se haga con seguridad, y que ningún
alumno pierda su derecho a tener una educación”.
Las
palabras están apoyadas por hechos, recuerda el parlamentario socialista, y por
eso, las CC.AA. gobernadas por el PSOE invierten en profesores cuatro veces más
que las gobernadas por el PP.
Esa
apuesta por el personal educativo que –indica González Caballero- “es lo
primero que debería reconocer la señora Romero, y lo segundo que debería hacer
el PP es dejar de alarmar y arrimar el hombro para, entre todos, hacer de este
inicio de curso escolar, una vuelta segura a las aulas”.
Sin
duda, la pandemia del COVID-19 está planteando retos a los Gobiernos, sin
precedentes, y en aras a adaptarse a la situación sanitaria, tanto el Gobierno
de España como el Gobierno de España, están dando pasos al frente.
Al
aumento de las plantillas de profesorado, 3.000 profesionales más en el caso de
Castilla-La Mancha, se unen otras medidas puestas en marcha, como la aplicación
de PCR a todo el personal educativo, el aumento de fondos por parte del
Ministerio de Educación y el Gobierno regional, para entre otras cosas, adecuar
los centros escolares a las circunstancias, o ampliar las becas y poder distribuir
material de higiene y protección entre los centros.
Miguel
González ha valorado igualmente el clima de consenso y colaboración que ha
logrado el Ejecutivo de Sánchez con las CCAA, lo que ha logrado establecer una
Declaración de actuaciones coordinadas para los centros educativos.
En
la misma, explica, se recomienda apostar, siempre que se pueda, por la actividad
educativa presencial, y se recogen 29 medidas y 5 recomendaciones
para su aplicación por las administraciones competentes.