La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha realizado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años, además de un plan adicional en Sanidad con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031. En el ámbito de Castilla-La Mancha, la situación a corto plazo pasa por la incorporación de al menos 9.000 empleados públicos.
Castilla-La Mancha necesita incorporar al menos 9.000 empleados públicos a corto plazo
CSIF considera que este refuerzo
debe estar contemplado en el Plan de Recuperación del Gobierno. Los efectos de
la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras
administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso
en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por
el incremento en el volumen de expedientes.
En el caso de Castilla-La Mancha
hacen falta al menos 4.000 efectivos más en Sanidad para aumentar la plantilla
orgánica, y no sólo con contratos inestables de eventuales de corta duración;
3.000 docentes más en Educación, sin contar con los que ya se han incorporado
en este inicio de curso, muchos de los cuales a media jornada; y más de 2.000
en Administración General del Estado, que cuenta con el 19,2% ciento de la
plantilla con más de 60 años.
El informe de CSIF hace un
diagnóstico en los diferentes ámbitos partiendo de la base de que en los
últimos 10 años se han destruido 106.392 puestos de trabajo en toda España:
43.700 en Administración General del Estado, 43.393 en Educación y 19.299 en
Justicia.
En el caso concreto de Sanidad,
este sector requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarnos en la
media europea y recuperar los niveles de calidad con los que se planteó el
Sistema Nacional de Salud desde sus inicios y que hoy se encuentran seriamente
deteriorados, como ha quedado evidente en esta pandemia. Las diferencias con la
UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales.
CSIF considera que las
administraciones públicas deben ser uno de los pilares de la reconstrucción del
país, también mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de
los servicios que recibe la ciudadanía.
Mientras tenemos estas necesidades
estructurales en nuestra sanidad, escuelas, SEPE, Seguridad Social,
Instituciones Penitenciarias o en los juzgados, hemos comprobado que la
Administración General del Estado destina en asesores 55.805.512,86 euros al
año, según datos oficiales recabados por CSIF.
PROPUESTA SALARIAL
CSIF ha presentado un estudio
económico sobre la pérdida retributiva de los empleados públicos en el periodo
2010-2020. El estudio analiza la pérdida producida en los diferentes conceptos
de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico,
trienios, etc) de los principales grupos de las administraciones públicas (A1,
A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.
El estudio concluye que a lo largo
de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han
perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…)
40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad
Social, Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros.
Estas cantidades equivalen a
trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1,
A2 y A1, respectivamente.
En definitiva, los empleados
públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9
por ciento desde 2010, a lo que se suma el efecto de la ‘tasa Cospedal’ en
Castilla-La Mancha. Por ello, reivindicamos un acuerdo a varios años que
contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010,
que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos
humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.