La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) velará por el empleo y por las condiciones laborales de las plantillas municipales tras la anulación del impuesto de plusvalías por parte del Tribunal Constitucional, la segunda fuente de ingresos tributarios de los Ayuntamientos.

Desde CSIF, advertimos de que la anulación del impuesto y sus efectos sobre la financiación local no pueden afectar de ninguna manera a las ofertas públicas de empleo en marcha ni a los salarios de los empleados públicos ni mucho menos a la calidad de los servicios municipales a la ciudadanía.

El personal de la administración local (policías, bomberos, servicios sociales…) ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la pandemia y es un pilar para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales.

Además, la pandemia ha puesto al descubierto la necesidad de reforzar plantillas ahora más que nunca, por lo que nos mantendremos vigilantes desde las juntas de personal de los ayuntamientos para que la merma de ingresos tributarios no implique a partir de ahora más recortes en las condiciones laborales del personal.

Los empleados públicos, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 10% desde los recortes impuestos en 2010, a lo que se suma la ‘tasa Cospedal’ del 3% en Castilla-La Mancha, no son en ningún caso los responsables de la inacción de los políticos ni de su incapacidad para solucionar un problema tributario como éste, que se venía venir desde hace años.

Por último, desde CSIF exigimos al Ministerio de Hacienda que actúe con rapidez para poner en marcha una nueva ley que dé cumplimiento a los requerimientos del TC sobre el impuesto y no prolongue el limbo legal en el que queda ahora esta fuente de ingresos para los ayuntamientos.