CSIF advierte de las necesidades estructurales de personal en las administraciones públicas, que han afrontado la pandemia con empleo precario El sindicato vuelve a censurar las subvenciones otorgadas por el Gobierno regional a Cecam, CCOO y UGT, con el silencio de la oposición política, que no han servido para generar empleo de calidad
El sector público perdió peso en 2021 a pesar de la necesidad de hacer frente a los efectos de la pandemia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
celebra el descenso del paro en Castilla-La Mancha, que finalizó el
pasado año con 39.400 desempleados menos. La cifra total de parados,
133.600 personas, es el mejor dato desde el tercer trimestre de 2008,
según reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)
publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Frente a la buena evolución, durante el pasado año disminuyó la
ocupación en el sector público: 3.400 personas menos a pesar de la
necesidad de hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus. A
esta pérdida de efectivos se suma que la contratación temporal aumentó
14,5 puntos en el sector público: menos empleo y de peor calidad.
Desde CSIF se lamenta que ámbitos fundamentales en la prestación de
los servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato
temporal, con la precariedad e incertidumbre que ello implica.
A ello se añade que el desempleo femenino continúa siendo
predominante, con una tasa de paro (18,21%) que dobla a la masculina
(9,43%); el aumento de las jornadas a tiempo parcial (4,6%), además de
que la región cuenta con 78.000 parados que buscan primer empleo o han
dejado su último empleo hace más de un año.
Para CSIF, una de las prioridades para acabar con la precariedad
laboral debe ser la eficacia en la gestión del dinero público, más
incluso con la llegada de los fondos europeos de recuperación frente a
la pandemia.
En este sentido, el sindicato vuelve a censurar, una vez más, que
las ayudas millonarias concedidas a CCOO, UGT y Cecam no han servido
para poner fin a la precariedad ni para crear empleo de calidad. Las
subvenciones que han percibido las tres organizaciones, las últimas
asignadas el pasado mes de diciembre, ascienden a 46,8 millones de euros
desde 2014 por parte del Gobierno de García-Page.
Cuando los esfuerzos de toda la sociedad deben ir hacia la
recuperación, cualquier subvención a organizaciones afines bajo el
pretexto de fomento del empleo sería condenable. CSIF considera que las
cantidades percibidas por CCOO, UGT y Cecam deberían ser reintegradas
para ayudar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos.
Por último, para CSIF, la oposición política consiente con su
silencio el uso partidista de dinero público por parte del Ejecutivo
autonómico.